Vicente Magro, presidente de la Audiencia Provincial, cree que su colega Manrique Tejada necesita ayuda para investigar las supuestas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante. Y va a proponer al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) el nombramiento de un juez de apoyo para aliviar su carga de trabajo.
Así lo puso de manifiesto el propio Magro ayer después de presentar el balance de los cursos de reeducación que imparte la Oficina Judicial de Coordinación Institucional (OCJI) de la Audiencia.
Tejada está investigando diversas actuaciones en el marco del Plan General sobre las que arrojan sospechas las conversaciones telefónicas interceptadas por la Policía al empresario Enrique Ortiz.
Además de esa investigación, el juez tramita el presunto alzamiento de bienes y la supuesta estafa detectada en la empresa Autisa, dirigida por el empresario Rafael Gregory, que también figura como imputado en el escándalo de las basuras de la Vega Baja.
Por otro lado, el Juzgado de Instrucción 5 de Alicante está indagando sobre un supuesto fraude a varias decenas de perjudicados en la venta de autocaravanas que habían resultado previamente dañadas en unas inundaciones.
Tejada recibió el verano pasado de Carlos San Martín, titular del Juzgado de Primera Instancia 3 de Orihuela, la parte del sumario del 'caso Brugal' que se refiere al planeamiento urbanístico de Alicante, aprobado este año. Esas pesquisas afectan al ex alcalde Luis Díaz Alperi, a su sucesora, Sonia Castedo, y al constructor Enrique Ortiz.
Recientemente, EU ha pedido al juez número 5 su personación en la causa del PGOU al apreciar posibles delitos del ex alcalde de Alicante Luis Díaz Alperi, actual diputado autonómico, de la actual alcaldesa, Sonia Castedo, ambos del PP, así como en el constructor Enrique Ortiz, entre otros cargos orgánicos y públicos populares de la Comunitat Valenciana..
Por su parte, San Martín, tiene previsto solicitar un permiso de paternidad, lo que obligaría al TSJ a sustituirlo durante varios meses y podría paralizar las diligencias previas un tiempo, según las fuentes consultadas.
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