Un tribunal administrativo agilizará la sobrecarga de asuntos en lo contencioso.Los ciudadanos podrán recurrir gratuitamente ante el nuevo órgano en sustitución de la presentación de los recursos de alzada y potestativo de reposición contra los actos y resoluciones dictados por órganos de la Junta y sus agencias públicas, así como de todas las entidades locales que suscriban un convenio al efecto.
El Consejo de Gobierno ha iniciado los trámites del proyecto de ley del Tribunal Administrativo, órgano que agilizará la resolución de conflictos por la vía extrajudicial y que hará que ingresen unos 10.000 asuntos menos en la jurisdicción contencioso-administrativo, reduciendo la sobrecarga existente.
Este tribunal especializado reducirá el índice de litigiosidad en la jurisdicción contencioso-administrativa ordinaria de la comunidad autónoma, según explicó ayer en rueda de prensa la consejera de Justicia y Administración Pública, Begoña Álvarez, tras la reunión de Consejo de Gobierno de la Junta.
El nuevo órgano agilizará los tiempos de respuesta e incrementará la seguridad jurídica de la ciudadanía en los conflictos planteados ante la Administración y estará especializado en materias cuyo volumen de impugnaciones conlleva actualmente una sobrecarga para los juzgados y para las salas de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
Asimismo, conocerá y resolverá sobre asuntos de carácter repetitivo que permiten respuestas homogéneas a la diversidad de recursos interpuestos, según la consejera.
Begoña Álvarez indicó que esta iniciativa, complementaria a la creación de juzgados y alternativa a la posibilidad de acudir a la vía contencioso, solventará los recursos interpuestos aplicando los mismos criterios de los órganos judiciales pero acortando considerablemente el tiempo de respuesta.
Además, el proceso también se agilizará gracias a la implantación de un sistema telematizado de principio a fin, según la consejera, quien ha destacado que este tribunal es de naturaleza imparcial e independiente de las estructuras administrativas en las que se producen los actos y resoluciones recurridas.
El Tribunal Administrativo conocerá de asuntos de función pública, procedimientos sancionadores, concesiones y contratos administrativos, responsabilidad patrimonial y otorgamiento de subvenciones, entre otras cuestiones, y se atribuirá la competencia para resolver el recurso especial en materia de contratación.
Los ciudadanos podrán recurrir gratuitamente ante el nuevo órgano en sustitución de la presentación de los recursos de alzada y potestativo de reposición contra los actos y resoluciones dictados por órganos de la Junta y sus agencias públicas, así como de todas las entidades locales que suscriban un convenio al efecto.
El presidente del Tribunal Administrativo será nombrado por el Consejo de Gobierno, con rango de director general, entre funcionarios de carrera que sean juristas de reconocido prestigio y con una experiencia de más de diez años, mientras que los puestos de vocal se proveerán mediante concurso de méritos entre profesionales del mismo perfil y con una antigüedad superior a cinco años.
La tramitación de la futura ley se desarrollará de forma paralela a la creación de toda la infraestructura informática necesaria para que, una vez que el tribunal comience su trabajo, el proceso sea totalmente telematizado desde la interposición del recurso hasta la resolución del procedimiento, sin necesidad de uso del papel.
Tanto la Ley de Administración de la Junta como la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, prevén, en supuestos o ámbitos sectoriales determinados y cuando la especificidad de la materia así lo justifique, la posibilidad de sustituir los recursos administrativos por otros de reclamación ante órganos independientes, con respeto a los principios, garantías y plazos reconocidos legalmente.
El texto ha sido redactado por una comisión de expertos constituida en junio de 2009 con la participación de juristas de la Junta, técnicos de la Consejería de Justicia y Administración Pública y magistrados de la jurisdicción contencioso-administrativa designados por el TSJA, y según la consejera, el tribunal podría ser una realidad en el año 2011.
Este tribunal especializado reducirá el índice de litigiosidad en la jurisdicción contencioso-administrativa ordinaria de la comunidad autónoma, según explicó ayer en rueda de prensa la consejera de Justicia y Administración Pública, Begoña Álvarez, tras la reunión de Consejo de Gobierno de la Junta.
El nuevo órgano agilizará los tiempos de respuesta e incrementará la seguridad jurídica de la ciudadanía en los conflictos planteados ante la Administración y estará especializado en materias cuyo volumen de impugnaciones conlleva actualmente una sobrecarga para los juzgados y para las salas de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
Asimismo, conocerá y resolverá sobre asuntos de carácter repetitivo que permiten respuestas homogéneas a la diversidad de recursos interpuestos, según la consejera.
Begoña Álvarez indicó que esta iniciativa, complementaria a la creación de juzgados y alternativa a la posibilidad de acudir a la vía contencioso, solventará los recursos interpuestos aplicando los mismos criterios de los órganos judiciales pero acortando considerablemente el tiempo de respuesta.
Además, el proceso también se agilizará gracias a la implantación de un sistema telematizado de principio a fin, según la consejera, quien ha destacado que este tribunal es de naturaleza imparcial e independiente de las estructuras administrativas en las que se producen los actos y resoluciones recurridas.
El Tribunal Administrativo conocerá de asuntos de función pública, procedimientos sancionadores, concesiones y contratos administrativos, responsabilidad patrimonial y otorgamiento de subvenciones, entre otras cuestiones, y se atribuirá la competencia para resolver el recurso especial en materia de contratación.
Los ciudadanos podrán recurrir gratuitamente ante el nuevo órgano en sustitución de la presentación de los recursos de alzada y potestativo de reposición contra los actos y resoluciones dictados por órganos de la Junta y sus agencias públicas, así como de todas las entidades locales que suscriban un convenio al efecto.
El presidente del Tribunal Administrativo será nombrado por el Consejo de Gobierno, con rango de director general, entre funcionarios de carrera que sean juristas de reconocido prestigio y con una experiencia de más de diez años, mientras que los puestos de vocal se proveerán mediante concurso de méritos entre profesionales del mismo perfil y con una antigüedad superior a cinco años.
La tramitación de la futura ley se desarrollará de forma paralela a la creación de toda la infraestructura informática necesaria para que, una vez que el tribunal comience su trabajo, el proceso sea totalmente telematizado desde la interposición del recurso hasta la resolución del procedimiento, sin necesidad de uso del papel.
Tanto la Ley de Administración de la Junta como la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, prevén, en supuestos o ámbitos sectoriales determinados y cuando la especificidad de la materia así lo justifique, la posibilidad de sustituir los recursos administrativos por otros de reclamación ante órganos independientes, con respeto a los principios, garantías y plazos reconocidos legalmente.
El texto ha sido redactado por una comisión de expertos constituida en junio de 2009 con la participación de juristas de la Junta, técnicos de la Consejería de Justicia y Administración Pública y magistrados de la jurisdicción contencioso-administrativa designados por el TSJA, y según la consejera, el tribunal podría ser una realidad en el año 2011.
Fuente: Andalucia información.es
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