En medio de la desazón, la mayoria de los vecinos sospecha que no podrá acceder a ellas por lo estricto de los requisitos y que, en el mejor de los casos, nunca cubrirá la totalidad de lo que se ha perdido en el fango.
Después de una semana en la que el tiempo dio un respiro, era un buen momento para hacer balance, y era cuando prácticamente la totalidad de los afectados por la crecida del río de hace casi un mes se daban cuenta de que, transcurrido todo este tiempo, aún seguían-y siguen- en una situación de desconocimiento absoluto sobre qué va a pasar con sus parcelaciones, sus casas, sus enseres, sus seguros…
Echan la vista atrás y apenas si tienen tiempo de seguir lamentando la situación. Antes bien, sólo piensan en la forma de acabar en el menor tiempo posible de limpiar sus casas. Unos ya han terminado, otros, siguen sacando barro a espuertas de interiores, porches y jardines. Los menos afectados han podido comenzar a hacer algunos arreglos. Otros aún han de esperar a que termine de secarse del todo el agua y el fango que caló muros, pilares, ventanas, vanos, quicios, carpintería y solería de sus casas.
Y no queda otra que resignarse, limpiar y esperar poder percibir las ayudas prometidas por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, cuando pocos días después de la catástrofe se paseó por las zonas afectadas en helicóptero. “Entonces dijo que todos tendríamos ayudas, pero yo no lo tengo nada claro”, señala José Fresco, un afectado de La Altea cuya casa quedo sepultada hasta el tejado por la crecida del río.
Efectivamente, las restricciones a las ayudas son tan fuertes que prácticamente muy pocos de los propietarios de las 300 casas desalojadas podrán acceder a ellas. Y es que muchas de las edificaciones, como es sabido, se encontraban en parcelaciones ilegales y para otros tantos, no era su primera residencia. “Yo tengo claro que lo he perdido todo, porque no estoy empadronado aquí y, aunque sí está legalizada, no tengo seguro”, se lamenta Juan José Doménech, un propietario de Fontanar de Quintos al que el agua se le coló hasta un metro y medio de altura”.
Lo cierto es que entre los vecinos existe una creciente desazón y una sensación de que no les llegará la ayuda, por lo inflexible de las condiciones. Tanto que la mayoría piensa que quedará al margen de las ayudas. Por si acaso, el Ayuntamiento se ha apresurado a decir que no otorgará licencia de obras a los vecinos que precisen reparaciones en las zonas consideradas ilegales, lo que supone un problema grave para las casas más cercanas al cauce que seguramente tengan que ser derruidas. “Invertí en mi casa más de catorce millones de pesetas. Me la he ido haciendo poco a poco. Si no me dejan reconstruirla, tendrán que pagarme los mil metros cuadrados de terreno, Si no, no me voy de allí”, se queja Fresco.
En cualquier caso, él, como muchos de sus vecinos, esperan al menos poder optar a las ayudas de reposición del mobiliario que, como anunció el alcalde en su momento, en ningún caso serán superiores a los 2.850 euros.
Se trata de una cantidad “ridícula”, según los vecinos, muchos de los cuales, siguen esperando a los tasadores para conocer la cantidad total a la que podrán optar. “Todavía no ha venido el perito, pero calculo que entre muebles, electrodomésticos, ordenadores, equipos de música y demás, menos de diez mil euros no tenía”, señala Manuel Polo mientras contempla como una máquina excavadora retira toneladas de barro del que fue el jardín de su casa.
Y es que la tarea de tasar los destrozos está siendo muy lenta y laboriosa, de ahí que Juan José Domenech, piense que “esta zona no va a recuperar la normalidad, como pronto, hasta después del verano”.
Otro problema al que los afectados asisten es al pago de las compañías aseguradoras. Multitud de vecinos carecía de seguro, como es el caso de Manuel Polo, quien sostiene que “intenté en tres compañías diferentes asegurar mi casa, pero como estaba en terreno ilegal, se negaron a hacérmelo, sin embargo, por aquí vive gente que, en las mismas condiciones que yo, sí encontró quien le asegurara la casa”. La catástrofe ha sido declarada consorciable, lo que quiere decir que no serán las compañías las que corran con el gasto de las indemnizaciones, sino el consorcio. Y, claro está, es tan elevado el número de afectados que las tasaciones van lentas. El presidente del Colegio de Mediadores de Seguros de Córdoba, David Salinas, considera que, como mínimo, van a tardar tres meses en comenzar a llegar las indemnizaciones.
Opción alquiler
En cualquier caso, detrás de cada afectado hay una historia personal. A pesar de las ayudas para el alquiler anunciadas por Vimcorsa para los afectados, lo cierto es que la gran mayoría ha decidido buscarse la vida por su cuenta. Tal es el caso de Alfonso Durán, a cuya casa no llegó a entrar el agua “porque está construida en alto, pero a todas las de alrededor le ha llegado por lo menos a un metro de altura. En mi caso, el acceso ha sido imposible prácticamente hasta ahora y allí tengo toneladas de fango aún”. “Desde entonces estamos en casa de mis suegros”. Esta situación se repite en la gran mayoría de los que tuvieron que ser desalojados. Como el caso de Manuel Polo, que cuenta que “somos cinco de familia, el matrimonio y tres niños, y nos hemos tenido que meter en casa de mi suegro. Estamos ocho en una casa de 50 metros cuadrados”, se lamenta.
El problema es que las ayudas para el alquiler “son muy escasas”, dice José Fresco. “Las han puesto de cara a la galería, porque no creo que mucha gente vaya a pedirla, y ellos lo saben”. Y es que “el alquiler más bajo, por menos de 600 euros no lo encuentras y, si como máximo te dan 250, sigue saliendo muy caro, así que casi todos hemos tenido que irnos a casa de familiares”.
Otros han tenido que dejar su casa, pero no se han ido muy lejos. José García, que vivía en una de las pocas casas legalizadas en Fontanar de Quintos, ha pedido prestada una autocaravana a un amigo en la que vive y vivirá hasta que su casa esté “en condiciones habitables”.
Pedir responsabilidades
Transcurrido un tiempo de la desgracia y afanados por recuperar cuanto antes la normalidad, los vecinos afectados creen que es importante “no olvidar lo que ha pasado”, y “señalar a los culpables”. Casi todas las miradas se dirigen a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. A pesar de que el organismo sostiene que los desembalses se hicieron de manera controlada y siguiendo los protocolos, los vecinos no dejan de pensar que se trata de una excusa. “Esto no se ha inundado por agua de lluvia. Esto se ha inundado por el desembalse de un descerebrado”, se queja José García. “No se puede pretender llenar un pantano al cien por cien, antes había que ir soltando agua”, sentencia.
Echan la vista atrás y apenas si tienen tiempo de seguir lamentando la situación. Antes bien, sólo piensan en la forma de acabar en el menor tiempo posible de limpiar sus casas. Unos ya han terminado, otros, siguen sacando barro a espuertas de interiores, porches y jardines. Los menos afectados han podido comenzar a hacer algunos arreglos. Otros aún han de esperar a que termine de secarse del todo el agua y el fango que caló muros, pilares, ventanas, vanos, quicios, carpintería y solería de sus casas.
Y no queda otra que resignarse, limpiar y esperar poder percibir las ayudas prometidas por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, cuando pocos días después de la catástrofe se paseó por las zonas afectadas en helicóptero. “Entonces dijo que todos tendríamos ayudas, pero yo no lo tengo nada claro”, señala José Fresco, un afectado de La Altea cuya casa quedo sepultada hasta el tejado por la crecida del río.
Efectivamente, las restricciones a las ayudas son tan fuertes que prácticamente muy pocos de los propietarios de las 300 casas desalojadas podrán acceder a ellas. Y es que muchas de las edificaciones, como es sabido, se encontraban en parcelaciones ilegales y para otros tantos, no era su primera residencia. “Yo tengo claro que lo he perdido todo, porque no estoy empadronado aquí y, aunque sí está legalizada, no tengo seguro”, se lamenta Juan José Doménech, un propietario de Fontanar de Quintos al que el agua se le coló hasta un metro y medio de altura”.
Lo cierto es que entre los vecinos existe una creciente desazón y una sensación de que no les llegará la ayuda, por lo inflexible de las condiciones. Tanto que la mayoría piensa que quedará al margen de las ayudas. Por si acaso, el Ayuntamiento se ha apresurado a decir que no otorgará licencia de obras a los vecinos que precisen reparaciones en las zonas consideradas ilegales, lo que supone un problema grave para las casas más cercanas al cauce que seguramente tengan que ser derruidas. “Invertí en mi casa más de catorce millones de pesetas. Me la he ido haciendo poco a poco. Si no me dejan reconstruirla, tendrán que pagarme los mil metros cuadrados de terreno, Si no, no me voy de allí”, se queja Fresco.
En cualquier caso, él, como muchos de sus vecinos, esperan al menos poder optar a las ayudas de reposición del mobiliario que, como anunció el alcalde en su momento, en ningún caso serán superiores a los 2.850 euros.
Se trata de una cantidad “ridícula”, según los vecinos, muchos de los cuales, siguen esperando a los tasadores para conocer la cantidad total a la que podrán optar. “Todavía no ha venido el perito, pero calculo que entre muebles, electrodomésticos, ordenadores, equipos de música y demás, menos de diez mil euros no tenía”, señala Manuel Polo mientras contempla como una máquina excavadora retira toneladas de barro del que fue el jardín de su casa.
Y es que la tarea de tasar los destrozos está siendo muy lenta y laboriosa, de ahí que Juan José Domenech, piense que “esta zona no va a recuperar la normalidad, como pronto, hasta después del verano”.
Otro problema al que los afectados asisten es al pago de las compañías aseguradoras. Multitud de vecinos carecía de seguro, como es el caso de Manuel Polo, quien sostiene que “intenté en tres compañías diferentes asegurar mi casa, pero como estaba en terreno ilegal, se negaron a hacérmelo, sin embargo, por aquí vive gente que, en las mismas condiciones que yo, sí encontró quien le asegurara la casa”. La catástrofe ha sido declarada consorciable, lo que quiere decir que no serán las compañías las que corran con el gasto de las indemnizaciones, sino el consorcio. Y, claro está, es tan elevado el número de afectados que las tasaciones van lentas. El presidente del Colegio de Mediadores de Seguros de Córdoba, David Salinas, considera que, como mínimo, van a tardar tres meses en comenzar a llegar las indemnizaciones.
Opción alquiler
En cualquier caso, detrás de cada afectado hay una historia personal. A pesar de las ayudas para el alquiler anunciadas por Vimcorsa para los afectados, lo cierto es que la gran mayoría ha decidido buscarse la vida por su cuenta. Tal es el caso de Alfonso Durán, a cuya casa no llegó a entrar el agua “porque está construida en alto, pero a todas las de alrededor le ha llegado por lo menos a un metro de altura. En mi caso, el acceso ha sido imposible prácticamente hasta ahora y allí tengo toneladas de fango aún”. “Desde entonces estamos en casa de mis suegros”. Esta situación se repite en la gran mayoría de los que tuvieron que ser desalojados. Como el caso de Manuel Polo, que cuenta que “somos cinco de familia, el matrimonio y tres niños, y nos hemos tenido que meter en casa de mi suegro. Estamos ocho en una casa de 50 metros cuadrados”, se lamenta.
El problema es que las ayudas para el alquiler “son muy escasas”, dice José Fresco. “Las han puesto de cara a la galería, porque no creo que mucha gente vaya a pedirla, y ellos lo saben”. Y es que “el alquiler más bajo, por menos de 600 euros no lo encuentras y, si como máximo te dan 250, sigue saliendo muy caro, así que casi todos hemos tenido que irnos a casa de familiares”.
Otros han tenido que dejar su casa, pero no se han ido muy lejos. José García, que vivía en una de las pocas casas legalizadas en Fontanar de Quintos, ha pedido prestada una autocaravana a un amigo en la que vive y vivirá hasta que su casa esté “en condiciones habitables”.
Pedir responsabilidades
Transcurrido un tiempo de la desgracia y afanados por recuperar cuanto antes la normalidad, los vecinos afectados creen que es importante “no olvidar lo que ha pasado”, y “señalar a los culpables”. Casi todas las miradas se dirigen a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. A pesar de que el organismo sostiene que los desembalses se hicieron de manera controlada y siguiendo los protocolos, los vecinos no dejan de pensar que se trata de una excusa. “Esto no se ha inundado por agua de lluvia. Esto se ha inundado por el desembalse de un descerebrado”, se queja José García. “No se puede pretender llenar un pantano al cien por cien, antes había que ir soltando agua”, sentencia.
Fuente: La calle de Córdoba. com
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