viernes, 18 de marzo de 2011

Peñíscola da luz verde a la ordenanza de convivencia ciudadana

El nuevo texto de convivencia ciudadana plantea sanciones por la venta ilegal, y regula el espacio para el aparcamiento de autocaravanas.


El pleno del Ayuntamiento de Peñíscola ha aprobado de manera definitiva la nueva ordenanza de convivencia y espacio urbano. Un texto que contempla la adopción de medidas ante situaciones como la venta ilegal en la calle y el estacionamiento de autocaravanas en la vía pública. Tras el paso dado por la corporación, la ordenanza será de rápida aplicación, y prevé sanciones económicas tanto para vendedores como compradores del top manta, así como una serie de limitaciones para los caravanistas. Para realizarla, se han inspirado en un documento de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, y en ordenanzas parecidas aprobadas por los ayuntamientos de Barcelona y Bilbao. El único grupo de la oposición que votaba en contra era Cambio y Progreso. Su portavoz, Agustín Albiol, opina que se trata de un texto excesivamente regulador.

En cambio, desde el Partido Socialista, Jordi Pau opina que la aprobación supone un buen punto de partida, aunque defiende que se hagan cambios, dependiendo de cómo resulte su aplicación. El Bloc también votaba a favor, aunque se pregunta por los efectos negativos que en algunos sectores económicos puede crear la limitación a las caravanas.

El alcalde, Andrés Martínez, agradecía la colaboración del resto de partidos en la confección de esta ordenanza, y destacaba que con el nuevo texto se quieren controlar fenómenos que habían causado quejas en diferentes colectivos locales. 

NUEVAS ORDENANZAS 

El pleno también aprobaba de forma inicial una ordenanza referida a los aparcamientos públicos, y otra que regula ayudas para la restauración de edificios del casco antiguo. Es probable que en ambos casos se presenten alegaciones, por lo que la aprobación definitiva podría darse por parte del consistorio que salga de las elecciones de mayo. En clave económica, se aprobó la relación extrajudicial de facturas pendientes, que ascienden a 741.000 euros. La oposición criticó esta suma, aunque el edil de Hacienda, Jesús Ayza, replicó que tras este pago quedarán unos remanentes de 1,6 millones de euros, y que la desviación presupuestaria de todo el 2010 apenas había sido del 3 por ciento. 

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