Un juez de Alicante está investigando una presunta estafa cometida contra unas ochenta personas que compraron otros tantos vehículos, en concreto
autocaravanas, declarados ilegales por las autoridades.
Según fuentes próximas a la investigación, una empresa de Barcelona tenía los vehículos preparados para su venta en Francia, pero unas inundaciones asolaron la zona en 2008 y la firma dio de baja las caravanas y las vendió a un desguace.
Los vehículos, al parecer, acabaron en la República Checa y Alemania. Supuestamente, en esos países, las autocaravanas siniestradas fueron manipuladas, sus números de bastidor del motor alterados, y dados de alta más tarde ilegalmente. Los investigadores de la Guardia Civil han comprobado que podría haber 'tongo'. Fundamentalmente, porque han seguido el camino de las autocaravanas, que incluso han pasado el examen de la ITV en diversas provincias españolas.
Los vehículos fueron vendidos como si fueran nuevos, recién salidos de fábrica. Aunque se encuentran ahora intervenidos por orden del Juzgado de Instrucción número de 5 de Alicante, en Internet varios compradores pagaron entre 12.000 y 15.000 euros, un precio muy por debajo del establecido en todos los foros. Los vehículos cuestan de fábrica sobre los 40.000 euros. Toda una fortuna.
Las investigaciones llegaron a duplicarse al presentarse dos denuncias diferentes, por parte de un ingeniero y un socio de la empresa original. La casa madre se dio cuenta del supuesto fraude cuando recibieron peticiones de piezas para vehículos que en teoría estaban dados de baja. La Guardia Civil abrió una línea de pesquisas y la Policía otra. Y ambas acabaron por cruzarse, según se desprende de unos comentarios en un foro de Internet al que ha accedido este diario.
La investigación judicial terminó, presuntamente, con la imputación del empresario alicantino que regenta una empresa en la zona de Villafranqueza dedicado a la venta de las autocaravanas, quien ha negado en todo momento cualquier conocimiento de una irregularidad.
Su versión ante el juez refleja que compró los vehículos de forma legal, sin conocer que habían sido dados de baja en otro país.
Los casi ochenta perjudicados por esta estafa lo tienen mal, bastante mal. Sus vehículos se encuentran inmovilizados. No sólo por la posible estafa y falsificación en los documentos, sino por el peligro que la Guardia Civil cree que generan en la circulación si volvieran a rodar. Al parecer, en una de las fases que están siendo investigadas por los agentes, las autocaravanas habrían sufrido importantes mutilaciones que podrían generar problemas de tráfico.
Los perjudicados pagaron en torno a 15.000 euros por vehículos que ni siquiera existían. Legalmente, habían sido eliminados y desguazados. Todo ello en teoría.
Antes de publicar una noticia de este tipo deberias documentarte bien al respecto puesto que prácticamente no das ni una en el clavo.
ResponderEliminarPor ponerte un ejemplo: No son 80 sino 30 las autocaravanas inmovilizadas, los compradores pagaron sobre 35000 euros de media, la empresa no es de Barcelona sino francesa, las autocaravanas no presentan alteraciones ni manipulaciones en números de bastidor ni de motor. etc, etc.
Yo me he limitado a transcribir literalmente lo que publica la prensa.
ResponderEliminarGracias por la aclaración
No entiendo por qué se lian con los de la ITV. Ellos sólo tramitan los papeles (si es que estaban correctos) y pasan la inspección según el Manual de Procedimiento para ITV. El hecho de que los bastidores se soldaran no es motivo para no pasar itv (esto se suele hacer con los camiones para alargar/acortar entre ejes).
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